NI ASISTENCIALISMO, NI
GERENCIALISMO EN LA GOBERNABILIDAD DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES DEL
SECTOR SOCIAL
Luis Julián Salas Rodas
Sociólogo
Especialista y Magíster en Ciencias
Sociales
Magíster en Ciencias de la Educación
Juntasdirectivasong.blogspot.com
Twitter: @LuisJulianSalasrR
Medellín – Colombia
El contexto
Las organizaciones no gubernamentales
ONG las entidades sin ánimo de lucro ESAL y las organizaciones de la sociedad
civil OSC parte del llamado sector
social que junto con el sector gubernamental y el sector privado conforman los
principales sectores del país. El Estado, sector gubernamental, representa y
detenta el poder político, el sector privado el poder económico del mercado y
el sector social el poder de la solidaridad y la cooperación. Si en un país las
relaciones entre los sectores se basan en la confianza, en el entendimiento, en
establecer objetivos comunes, en incrementar su
capital social ese país avanza en la construcción de bienes públicos y
fortalece su democracia.
El sector social se conoce, también, como el tercer sector o
el sector no lucrativo. El profesor Salamon Lester fue, entre 1990 y 1999, el
director del proyecto de estudio comparativo del sector no lucrativo del Centro
de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins de los Estados
Unidos. Dicho estudio se realizó en 22 países de Norteamérica, Sudamérica, Europa,
Asia y Oriente Medio. Colombia hizo parte de él. Para esa época se estimó que
las cifras del estudio en dólares y empleos remunerados de esos países daría
como resultado la octava mayor economía del mundo, por delante de Brasil,
Rusia, Canadá y España. (1)
Casi tres décadas después del estudio en los países donde se permite el trabajo de las
ESAL el sector social sigue siendo significativo en sus dimensiones y aportes
al desarrollo humano y la calidad de vida de sus ciudadanos. En los regímenes
democráticos y de economía de mercado se le reconoce a las organizaciones del
sector social un estatus jurídico especial de exención fiscal en materia
tributaria de no cobrar impuestos de renta y patrimonio por las actividades
meritorias que realizan en beneficio de las
personas y la sociedad.
Según cifras de la revista Dinero, 4/30/2015, en el 2012 las
organizaciones del sector social registraron ingresos por $129.6 billones,
representando el 15% del PIB del país. En cuanto al número de ESAL inscritas en
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN son alrededor de 236.000,
entre activas e inactivas.
El sector social colombiano es un conglomerado amplio, heterogéneo
y disperso de organizaciones que carece de unidad política y de representación
global ante el Estado y el sector privado. No hay un pensamiento y acciones
convergentes frente al papel del sector social en el desarrollo del país. No
hay una instancia de organización de tercer grado como si la tiene el sector
privado con el Consejo Gremial Nacional que agrupe a los distintos gremios
sociales, que efectué reuniones, comités técnicos, haga pronunciamientos
públicos, comunicados de prensa y sea un foro permanente de deliberación e
incidencia política y defensa de los intereses del sector. Un ejemplo de ello
fue la ausencia de una declaración unificada de todos los gremios y colectivos
del sector frente a la última reforma fiscal del Régimen Tributario Especial. Esta reforma fue la respuesta de control del
Gobierno a las críticas y denuncias que la
Opinión Pública expresaba acerca del actuar de muchas organizaciones sociales
frente al cumplimiento de sus objetos sociales, destinación de recursos y
manejo ético y legal de sus directivos. Es en este contexto de debilidad
organizacional, ausencia de liderazgo, de cuestionada imagen y credibilidad y a la poca incidencia política en el que se desenvuelven
las ONG, las ESAL y las OSC en la Colombia del presente.
El asistencialismo
La caridad cristiana, la filantropía humanista, el
voluntariado y la beneficencia pública fueron las concepciones que dieron
origen histórico a las entidades sin ánimo de lucro ESAL. La iglesia católica,
mediante sus comunidades religiosas, creo instituciones dedicadas a la
educación, la atención de enfermos, huérfanos e indigentes. Los recursos se
obtenían de donaciones, legados, limosnas, testamentos y obras pías. Fue San Vicente de Paúl, sacerdote francés, quien
en 1617 estableció a las llamadas obras de misericordia, materiales y
espirituales, como una forma para la práctica de la caridad cristiana donde se
asume una relación personal entre el benefactor y el beneficiario; al contrario
del filántropo cuya acción generosa y voluntaria se realiza sin que medie una
relación personal con el beneficiario. Mientras el motivo de la caridad es el amor a Dios, el motivo de la
filantropía es el amor al prójimo. Has el bien y no mires a
quien; cuando des limosna que tu mano
derecha no sepa lo hace tu derecha. Son refranes populares que expresan muy
bien estas realidades de la caridad y la filantropía como origen del
asistencialismo en el trabajo social.
El asistencialismo se erigió como práctica generalizada de
las primeras ESAL para obrar y relacionarse con las poblaciones vulnerables y
pobres de la sociedad. El asistencialismo, insistimos, implica una relación de
subordinación y dependencia entre un benefactor poseedor de recursos y un
beneficiario que carece de ellos. No genera cambios en la situación de pobreza
de las personas y comunidades, por el contrario, mantiene y reproduce la
exclusión y la desigualdad. Es atentatoria de la Dignidad Humana, de los
Derechos Humanos e impide el despliegue de las capacidades y el aprovechamiento
de las oportunidades. No debe confundirse la asistencia con el asistencialismo.
La asistencia es necesaria, en un primer momento, como socorro, ayuda o
colaboración ante una emergencia personal o tragedia social o natural. El
problema reside cuando esa asistencia inicial deriva en un asistencialismo
permanente.
El asistencialismo no ha desaparecido. Sigue vivo y latente
en muchas de las políticas públicas y los programas de gobierno mediante
subsidios, monetarios y en especie, que en forma continua, y sin ajustes, se
mantienen y se “cobran” en contiendas electorales. El antiguo asistencialismo sigue vigente en el neo-asistencialismo como filosofía y práctica
de muchas organizaciones sociales que se niegan a replantear su misión y
objeto social en el trabajo con las comunidades.
En remplazo del nocivo asistencialismo de la dádiva, de los
favores de la caridad y la beneficencia, que ha tomado muchos años combatirla,
hoy se acude en las políticas públicas y la gestión social a los enfoques de Derechos Humanos y de
capacidades para intervenir, apoyar y acompañar a las comunidades pobres y
vulnerables en sus justas aspiraciones de mejorar su calidad y condiciones de
vida; en que se reconozcan como sujetos activos y actores sociales reclamantes de derechos y cumplidores de
obligaciones ante sí mismos, el Estado, las familias y la sociedad. De lo que ahora
se trata es de despertar la conciencia colectiva del derecho a tener derechos, de ofrecer oportunidades reales, de
potenciar las capacidades y las fortalezas internas de las personas, grupos, familias
y comunidades ante que en las carencias
y las debilidades.
La gerencia social:
nuevo paradigma de la gestión social
El Estado moderno se caracteriza en concretar los programas
de gobierno mediante la formulación de
políticas sociales y públicas que orientan, a su vez, en planes de desarrollo y proyectos específicos.
La gerencia social es la estrategia empleada por los gobiernos, sus
instituciones y entes territoriales para ejecutar, seguir,
monitorear y evaluar tanto los programas como los proyectos sociales. La
gerencia social es también un campo de conocimientos, instrumentos y
metodologías que tiene por fin un empleo eficiente y racional de los recursos
públicos para los fines del desarrollo humano, social y sostenible. Bernardo Kliksberg, economista y sociólogo
argentino, fue quien acuño el concepto de gerencia social. (2)
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPAL: la gerencia social puede ser entendida
como el conjunto integrado de principios,
prácticas y técnicas que permiten mediante su aplicación, producir cambios
significativos en al menos una condición de bienestar en la población objetivo
a la que es referido, mediante el uso racional de los recursos. (3)
La gerencia social propicia el acercamiento y el trabajo en
alianza entre los tres sectores ya mencionados (gubernamental, privado y
social) como una forma de aplicar el capital social estableciendo alianzas
público-privadas que aúnen voluntades y recursos en la solución de problemas
sociales. En el paradigma de gerencia social no tiene ninguna cabida los
principios y postulados del antiguo paradigma asistencialista. La gerencia
social tiene sus fuentes en la gerencia empresarial del sector privado; también
hay ONG que se autodenominan empresas sociales que han adoptado el modelo de la
gerencia social para el cumplimiento de su misión. Uno de sus principios es el
considerar que debe buscarse tanto la rentabilidad social como la rentabilidad
económica como un objetivo a lograr en el que hacer de las organizaciones
sociales. Este enfoque de gerencia social es el que sustenta la propuesta de
constitución de empresas sociales en
vez de ONG, ESAL u OSC.
De la gerencia social a
las fundaciones empresariales y al gerencialismo
En el pasado las organizaciones del sector social eran vistas
como un complemento necesario de la iniciativa privada y voluntaria de la
sociedad civil para complementar, para llenar los vacíos que en materia social
no cubrían ni el Estado ni la empresa privada en materia social como la
superación de la pobreza y la atención humanitaria a las poblaciones
vulnerables. Con donaciones privadas, auxilios públicos y trabajo voluntario
estas organizaciones realizaban su misión con enfoque y prácticas
asistenciales, como ya anotamos. No se cuestionaba el modelo gerencial ni los
resultados de las actividades. Se consideraba que cualquier aporte, “granito de
arena” era no solo válido sino valioso. Era más desde la sensibilidad social y
las creencias religiosas que del
conocimiento científico y el ejercicio profesional como se asumía la gestión
social.
A partir de la década de los años 90 del pasado siglo se
fueron dando cambios significativos en los las políticas públicas de los
Estados latinoamericanos y las agencias multilaterales de inversión frente al desarrollo humano y social. Cambios que se vieron reflejados en las
relaciones de contratación con las organizaciones de la sociedad civil al
considerar que podrían convertirse en operadoras de los programas y proyectos
que dejarían de hacerse directamente por parte de las entidades
gubernamentales. Esto significó una transformación, a todo nivel, en las
organizaciones que decidieron convertirse en operadoras del Estado para acceder
a sus recursos. Una de las medidas emprendidas fue la profesionalización de los
directores(as) y los equipos de trabajo para poder responder a las responsabilidades
jurídicas y económicas en la ejecución de los y convenios y contratos.
Significó, además, la introducción de la gerencia social en el funcionamiento
de las organizaciones.
Otro cambio que empezó a mostrarse en la década de los 90 del
pasado siglo fue el concepto, y su aplicación, de la Responsabilidad Social
Empresarial RSE entendida como: el
compromiso que tiene la empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar,
y el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, sus familias y la
comunidad en general. (4). La RSE surge en el contexto de un nuevo pensar y
accionar de la empresa privada frente a los entornos, población y territorios
con los cuales se involucra en el desarrollo de sus actividades productivas y
de servicios. Surgen, en consecuencia, nuevas fundaciones empresariales. En el
2008 se crea la Asociación de Fundaciones Empresariales AFE con el objetivo de
actuar como vocera de las fundaciones asociadas y promotora del mejoramiento de
su gestión social. A la fecha cuenta con 74 fundaciones asociadas, incluyendo algunas
fundaciones de familia y fundaciones independientes. (5)
En los últimos años viene dándose, pues, un interés creciente
del sector empresarial por incidir en los asuntos sociales. Los empresarios descubrieron que lo
social también da réditos económicos a los negocios. Qué lo social también
moviliza cuantiosos dineros y que genera valor reputacional y recordación de
marca asociar el objeto social de la empresa con el objeto social de la
fundación que lleva su nombre o la del grupo empresarial, y que no existe,
desde la ética y lo legal, ningún conflicto. Que todo es moralmente correcto. Las
fundaciones empresariales hacen uso del llamado mercadeo con causa que no es otra cosa que la donación para la obra
social depende de la cuantía de la donación que hacen los clientes o sea que si
estos donan más o menos, la fundación empresarial dona más o menos. Muchas
fundaciones empresariales carecen de un patrimonio autónomo que garantice la
continuidad y la sostenibilidad de los programas dependiendo estos de la
generación o no de utilidades de la empresa o grupo empresarial. Otras
fundaciones empresariales fondean ingresos de los presupuestos públicos
mediante la contratación en vez de
incrementar los aportes propios o favorecer los convenios y las alianzas. En el
pleno ejercicio del derecho constitucional a la libre asociación las
fundaciones empresariales expresan y realizan su particular concepción de lo
social, el cual difiere, por supuesto, de
la mayoría de ONG, OSC y ESAL del país.
En cuanto al gerencialismo, asunto distinto a la gerencia social, esta tendencia se manifiesta,
de manera preocupante, en la composición de las juntas directivas de organizaciones de la
sociedad civil. Cuando en una junta directiva de este sector se rompe el equilibrio entre el mandato
misional, la gestión social y la gestión económica, dando preferencia a ésta
última tanto la junta directiva como la organización, en cabeza de su
director(a) y equipo de trabajo, terminan en el gerencialismo. Gerencialismo es cuando, en la gestión social
de los programas, proyectos y servicios a las comunidades, se privilegia lo
cuantitativo sobre lo cualitativo, los resultados sobre los procesos, los
medios sobre los fines, el cumplimiento de los indicadores sobre los cambios
positivos de actitud y de comportamiento, lo formativo sobre lo instrumental,
la rentabilidad económica sobre la rentabilidad social, el incremento de los
ingresos y el patrimonio sobre la
calidad y el cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos.
Una junta directiva de una organización social se vuelve gerencialista cuando
en el orden del día de la agenda de reunión terminan primando los temas
económicos y administrativos sobre los temas sociales. (6)
En el paradigma gerencialista cuya vocería, por formación y
ejercicio profesional, en una junta directiva del sector social, la llevan los
gerentes, administradores, empresarios, financistas e ingenieros prima la
visión economicista y eficientista en cuanto razón de ser de la organización,
mientras que en el paradigma humanista la visión filosófica y sociológica de dicha
razón la portan los profesionales de las ciencias humanas y sociales.
Cuando una organización social, tanto en su junta como en su dirección
ejecutiva, asume por entero el paradigma gerencialista termina desvirtuando su
objeto social y sus objetivos de cambio humano y desarrollo social. No es,
tampoco, restaurando el asistencialismo en un neo-asistencialismo o supeditando todas las acciones
económicas y administrativas a los
requerimientos de la gestión social. No, de ninguna manera. Al contrario de una
empresa privada donde el objetivo principal son los resultados económicos
positivos, el incremento en las ventas, en el patrimonio y en la cuota de
mercado y la generación de utilidades, en las organizaciones del sector social los recursos económicos y financieros solo se
consideran un medio y no un fin en sí
mismo. Son un medio para el desarrollo del objeto social meritorio. Resulta
obvio que sin medios económicos y financieros suficientes no es posible cumplir
los objetivos sociales ni los programas
y proyectos sociales llevarse a feliz
término. Tan importante son los resultados del balance económico como los del
balance social. Discursos sin recursos es demagogia. La función de una junta
directiva de una ONG, una ESAL o de una OSC no es atesorar un patrimonio o
acumular bienes económicos sino proporcionar bienes sociales a las comunidades
y poblaciones determinadas. Es tratar de construir y mantener un patrimonio
cuya rentabilidad asegure todo o en parte el funcionamiento de la organización
y no la organización al servicio de un patrimonio.
Una característica fundamental y diferenciadora entre las
empresas privadas y las organizaciones sociales es que éstas incorporan, en
todo el mundo, millones de personas voluntarias en el trabajo con las
comunidades. El voluntariado es la manifestación, libre y decidida, de
solidaridad y ayuda hacia las personas que sufren y están en situación de
pobreza. Se estima que en los países desarrollados, no hay cifras para
Colombia, las horas semanales que dedican los voluntarios(as) generan el 5% del producto nacional bruto. (7)
En las empresas privadas con ánimo de lucro no hay lugar al
trabajo voluntario, no remunerado. Como dice Bernardo Kliskberg el voluntariado
es un capital ético que posibilita a
las personas hacer el bien a los demás: no
es de extrañar ese potencial. La actividad voluntaria, que contradice la fría
imagen del ser humano como “homus economicus” de los textos de economía
convencionales, no está movida por la búsqueda de beneficios económicos (sector
privado) ni de poder, (sector
gubernamental). Es producto de valores
éticos, de la conciencia. (8)
Y a propósito del voluntariado valga anotar la aparición de
una nueva práctica en el funcionamiento de las juntas directivas de las
organizaciones sociales con la entrada de los ejecutivos de las empresas y es
la de remunerarlos por su asistencia y participación bajo la premisa de una
mayor dedicación y responsabilidad tal como se hace en las juntas directivas
empresariales. Si se les remunera dejan de ser voluntarios, así de simple. ¿En qué
queda, entonces, el compromiso ético con las personas y los grupos más
vulnerables de la sociedad? ¿Será que solo es posible motivar la asistencia y
garantizar una participación efectiva de un miembro de junta si se le pagan
honorarios? He ahí un dilema ético para dilucidar qué es lo mejor y más
conveniente para asegurar el funcionamiento de una junta directica de una
organización social.
Otro asunto que hay que dilucidar son los efectos legales del
cambio en el régimen legal de las ESAL a partir de la Ley 1819 de 2016 y
el decreto 2150 de 2017 que modifico el
estatuto tributario de las ESAL. El nuevo marco jurídico permite que las ESAL,
con la autorización escrita de la junta directiva, renunciar a los beneficios
de exención de impuestos que concede el Régimen Tributario Especial y a
particulares exigencias para trasladarse
al Régimen Ordinario de las Sociedades Mercantiles, pagar impuestos y disponer
libremente de los ingresos y el patrimonio. Según reporte de la DIAN alrededor
de 15.000 ESAL hicieron el traslado. O sea que en Colombia ya es posible la
existencia legal de fundaciones, corporaciones y asociaciones con ánimo de
lucro, lo que significa esta reforma es una desnaturalización del sector social
al permitir una doble condición jurídica de sus organizaciones. ¿Qué buscaba y
consiguió el Estado con este cambio? Pues aumentar el recaudo de impuestos. Queda
por analizar qué tipo de ESAL fueron las que mayoritariamente se acogieron al
nuevo estatus tributario y sus verdaderas motivaciones.
Si las organizaciones del sector social, en aras de allegar recursos económicos para
asegurar la sostenibilidad, se convierten en meras operadoras de los programas
y proyectos del Estado, renunciado a su autonomía programática y conceptual, a
sus propias iniciativas, se vuelven, en la práctica, organizaciones neo-gubernamentales. Si las organizaciones del
sector social asumen, al pie de la letra, los principios, normas y reglas de
actuación de las empresas del sector
privado terminaran haciendo parte de este sector abandonado los principios y
valores de la solidaridad, de la fraternidad, de la cooperación.
La reflexión que debemos hacernos como ciudadanos interesados
en el mantenimiento de los bienes sociales y públicos es si conviene a un
Estado, a una sociedad y a un país, como Colombia, debilitar y
desarticular más el sector social. Quienes pierden son las comunidades y los
grupos sociales más pobres y excluidos que ven disminuida la presencia y el
acompañamiento de las organizaciones sociales en sus territorios. Y pierde,
también, la democracia participativa al desestimularse la creación de
iniciativas ciudadanas en la gestión social local.
Para la concepción gerencialista la gestión social se enfoca
a la ejecución de iniciativas y proyectos que tienen que ver con la atención de
necesidades materiales, superación de la pobreza, la pobreza extrema, la
generación de ingresos y los emprendimientos. Es la misma agenda temática que
Estado y los gobiernos están obligados a cumplir por mandato constitucional.
Agenda que deja por fuera otros asuntos importantes para el desarrollo de una
sociedad como la defensa de los Derechos Humanos, las reivindicaciones de las
minorías, la participación en la formulación de políticas públicas, el
fortalecimiento de las organizaciones
del sector social, el apoyo a causas sociales y humanitarias, a los movimientos
sociales y la vocería de las aspiraciones legítimas de los grupos poblacionales
en sus respectivos territorios. Temas
que no interesan a los “gerencialistas” por cuanto no generan rendimientos económicos
para las organizaciones.
El objetivo superior de una junta directiva de una
organización social es la de mantener el equilibrio y conciliar entre la
rentabilidad económica que asegure la sostenibilidad de la organización y la
rentabilidad social que asegure el cumplimiento del objeto social en bienes y
servicios útiles a las comunidades. Se
equivocan, y en materia grave, las
juntas gerencialistas cuando deciden que lo más conveniente para la organización es contar con un
director(a) ejecutivo(a) administrativo-financiero que de preeminencia a la
rentabilidad económica de los programas y proyectos sobre lo social. Es decir,
que solo se realicen aquellos programas y proyectos que dejen excedente económico.
Para que tal política se cumpla nombran y mantienen directores(as)
ejecutivos(as) léase gerentes obedientes, sin conocimientos, experiencia y
criterios sobre lo social. De esta manera es como las ONG, las ESAL y las OSC
terminan desnaturalizadas, sus misiones desvirtuadas para terminar convertidas
y asimiladas a empresas lucrativas del sector privado. Es toda una estrategia
de captura y apropiación de la dirigencia empresarial sobre la gobernabilad del sector
social. No hay duda, hay evidencias que el gerencialismo está desplazando al humanismo en
la visión y conducción de las juntas directivas de las organizaciones del
sector social. Remplazar comprometidos directores(as) ejecutivos(as) por eficientes gerentes es la nueva consigna del gerencialismo.
El deber ser del director ejecutivo(a) y el presidente(a) de
la junta es el de ejercer un liderazgo compartido para el logro de tal objetivo
superior. Deseable, siempre, que el director o directora ejecutivo de una
organización social tenga una sólida formación académica humanista
complementada con conocimientos y competencias gerenciales. Deseable, siempre,
que el presidente o presidenta de la junta directiva de una organización social
tenga la doble mirada de lo social y lo gerencial. Deseable, siempre, que en la
composición de una junta directiva de una organización social exista una mezcla
adecuado de gerentes y humanistas que logren conciliar, en un clima de respeto
y entendimiento, tanto los requerimientos económicos como los sociales. Lo que
siempre deberían tener muy presente, y no siempre ocurre así, los miembros de
una junta directiva de una organización del sector social, independiente de la
profesión o su procedencia socioeconómica, es que al aceptar dicho cargo asumen
un encargo fiduciario, de confianza, una
responsabilidad legal y ética, de custodiar un patrimonio, unos bienes,
que no son privados sino que pertenecen por entero a la comunidad y que no
pueden emplearse para beneficio propio sino para terceros donde se garantice el
libre acceso de la comunidad. Y cuando este encargo
fiduciario se incumple y no hay la debida diligencia es mandatorio que el
Estado, en representación del bien común y el interés general, intervenga con
la potestad que le otorga Ley de inspeccionar, controlar y vigilar y sancionar
las actividades y conductas de los integrantes de la junta directiva. Asunto distinto
al manejo del patrimonio y los bienes de
las empresas privadas que pertenecen y disfrutan sus accionistas o socios. Razones
de peso para insistir en evaluar el desempeño individual y colectivo de los
miembros de junta así como de su permanencia y rotación. Buena y sana práctica del
Gobierno Corporativo de las juntas directivas empresariales que debería ser más
emulada y frecuente en las juntas directivas de las organizaciones sociales.
En conclusión. Ni el asistencialismo, ni el
gerencialismo resultan convenientes como directrices políticas, hegemónicas y
absolutas, para mejorar la
gobernabilidad en las juntas directivas de organizaciones del sector social.
(1) Salamon, Lester y otros (1999). La
sociedad civil global: las dimensiones del sector no lucrativo. Centro de
Estudios de la Sociedad Civil. Johns Hopkins University. Fundación BBVA.
Madrid.
(2) Kliskberg, Bernardo. (2004). Más ética, más desarrollo Editorial Temas.
Buenos Aires
(3) CEPAL. Notas sobre la modernización de la gestión pública en el campo de las
políticas sociales. Documento.
(4) Ángel, Juan Alejandro y otro. (1996).
Responsabilidad social empresarial en
Colombia: resultados de una investigación. En Empresa Privada y
Responsabilidad Social. Bogotá.
(5) Afecolombia.org
(6) Solís, Olivia. Gerencialismo VRS Humanismo: una disyuntiva en la evaluación de la
educación superior. Universidad Autónoma de Querétaro. México.
(7) Kliskberg, Bernardo. (2004). Op.cit.
Pág. 143
(8) Kliskberg, Bernardo. (2004). Ibídem. Pág. 145
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