¿Qué
tanto impacto tiene la inversión social privada de las ONG y las ESAL en
Colombia?
Luis
Julián Salas Rodas
Sociólogo
Universidad
Pontificia Bolivariana
Especialista
y Magister en Ciencias Sociales
Universidad
de Antioquia
Magíster
en Ciencias de la Educación
Universidad
París XII
Ex
Director Ejecutivo de la Fundación Bien Humano
Ex
Presidente del Consejo Directivo de la Federación Antioqueña de ONG
@LuisJulianSalas
Blogs
en Google: Familia y Otros; Juntas Directivas ONG, ONG y Gerencia Social
Medellín
– Colombia
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Tres
actores y su interrelación son claves en el desarrollo en un país con un Estado
Social de Derecho y de Economía de Mercado, a saber: el Estado que representa y
detenta el poder político, la Empresa Privada que detenta el poder económico y
genera la riqueza de bienes y servicios y el Sector Social o Tercer Sector que
representa el poder de la solidaridad. Entre más se interrelacionen los actores
más impacto tienen en promover tanto el desarrollo como el bienestar, el Bien
Común, y la calidad de vida de la población. Esto acontece en mayor medida si entre los
actores se genera y mantiene un clima de confianza y respeto mutuo, aunque no
siempre sucede de esta manera haciendo difícil y complejo establecer alianzas proyectos
y programas compartidos. Las alianzas público-privadas entre estos tres actores
se basan en la contratación, los convenios y las mesas de trabajo para formular
políticas públicas y sociales en beneficio de la ciudadanía. Es de mencionar,
además, los aportes al desarrollo del Sector de la Economía Solidaria, que en
Colombia lo conforman las precooperativas, las cooperativas, los fondos de
empleados y las mutuales.
Definición
de Sector Social
Es el
conjunto de organizaciones sin ánimo de lucro que no son gobierno ni empresas capitalistas,
que trabajan por el bienestar colectivo y la justicia social, cubriendo áreas
como educación, salud, vivienda, desarrollo humano, a través de la iniciativa
ciudadana y la participación ciudadana democrática para resolver problemas
sociales. (Google).
Los
regímenes democráticos se caracterizan por reconocer y apoyar al Sector Social
y sus organizaciones, mientras que en los regímenes autoritarios hay una
tendencia a restringir el Sector Social, a reducir su autonomía y operación. Es el caso de Nicaragua donde el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo han cerrado 5.600 Organizaciones No Gubernamentales ONG, nacionales e internacionales, confiscando sus bienes y consolidando el control estatal sobre la Sociedad Civil, dejando a millones de beneficiarios sin acceso a bienes y servicios esenciales
La
Empresa Privada, el Sector Social, las personas naturales y los distintos
colectivos y poblaciones conforman la Sociedad Civil. Hay una distinción
fundamental entre el Estado y la Sociedad Civil: mientras que los funcionarios públicos solo
pueden hacer lo que la Ley les permite, la Sociedad Civil puede hacer todo
aquello que la Ley no les prohíbe. Esta distinción es esencial para entender la
lógica y la dinámica de cada actor.
El
Sector Social en Colombia está conformado por una gran diversidad y
multiplicidad de organizaciones. La heterogeneidad es de doble filo, por un lado,
es muestra de la iniciativa privada y del ejercicio al derecho constitucional
de la libre asociación, por otro lado, es dispersión de recursos y
multiplicidad de organizaciones duplicando acciones en similares proyectos y
programas.
A
diferencia de los gremios de la Empresa Privada que tienen un voz fuerte y
propia ante e Estado, la Opinión Pública y la sociedad mediante sus
pronunciamientos de su Consejo Gremial, el Sector Social es débil, pues carece de
esta fortaleza institucional y un un ente rector que convoque, agrupe, represente,
movilice y defienda sus intereses ante el Estado y otros actores del país.
El
Sector Social tiene una baja credibilidad, una limitada capacidad de gestión,
coherencia interna, de articulación y
coordinación, pocas agendas compartidas, débil transferencia de
conocimiento, dificultades en la comunicación y divulgación de resultados,
preminencia de visión de corto plazo por el largo plazo, estigmatización y percepción
difusa de los logros, brechas digitales entre las organizaciones, limitaciones
técnicas y de metodología, fragilidad y falta de permanencia de las alianzas
público privadas, baja incidencia política, poca oferta de fortalecimiento
institucional, dificultad en contratar, remunerar y retener personal con
conocimientos y experiencia, escaza capacidad de seguir, monitorear y medir
resultados y soportar evidencias de cambio y transformación, y la, lo más
importante: la dificultad de conseguir y mantener fuentes confiables y seguras
de financiación para cumplir, a cabalidad, la misión institucional y los
objetivos de los programas formulados y a ejecutar..
(Para
una mayor información y conocimiento del Sector Social en Colombia consultar el
estudio realizado, en 2025, por Compartamos con Colombia, Enlaza Sur, con el
apoyo de la Ford Foundation y la participación de 200 organizaciones
distribuidas así: 112 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 58
Organizaciones de Base o Comunitarias, y 30 Fundaciones Familiares y
Empresariales). Https://compartamos.org).
Asociación de Fundaciones Familiares y
Empresariales de Colombia, AFE
Esta
asociación, con sede en Bogotá, creada en 2008, agrupa organizaciones de 85
fundaciones familiares y empresariales del país, mediante el trabajo en alianza
para impulsar y unir esfuerzos en proyectos de desarrollo social, educación y
bienestar.
Aura Lucia
Lloreda, directora ejecutiva de la AFE, en un interesante artículo escrito para
la revista Semana analiza el desafío de invertir en lo social en tiempos de
incertidumbre y desconfianza y explica el por qué la coordinación con las
políticas públicas hoy es clave. (Revista Semana, 22 de diciembre de 2025).
En
dicho escrito la directora de la AFE da una cifra con datos del 2024 frente a
la cuantía de la cooperación privada, entendida como la inversión social
realizada por empresas, fundaciones y otros actores de carácter privado. La
suma dada es de más de 4 billones. De esa cifra afirma la doctora Aura Lucia
que en la AFE se invirtieron más de un billón de pesos en 2024 a través de más
de 800 iniciativas que impactaron a más de 16 millones de colombianos.
De
entrada, dos observaciones frente al artículo, una es la imprecisión en la
cifra suministrada de 4 billones de pesos y más, de los cuales un billón de
pesos y más son de aporte de las organizaciones afiliadas a la AFE; la otra
observación es que no nos dice cuál es la fuente de información de los 3
billones de pesos y más de las otras empresas y ONG no afiliadas a la AFE. En
términos económicos las cifras, los números deben de ser exactos y no
aproximados. En términos de credibilidad y transparencia siempre se deben citar
las fuentes de donde provienen las cifras y los datos.
Dejando
de lado los reparos a dicha cifra, 4 billones de pesos es muy poco monto de
inversión privada aportada por las empresas y las organizaciones del Sector
Social. Decimos que muy poco si la comparamos con los ingresos anuales de las
empresas privadas, por ejemplo, con el listado de las 50 empresas más grandes
del país. En el puesto 35 esta Interconexión Eléctrica ISA con ingresos de
$4.13 billones y en el puesto 35 está ubicada Toyota Colombia con $4 billones.
Traigo a colación el ejemplo comparativo con la empresa privada para demostrar el
argumento de la baja cuantía de recursos financieros que moviliza en nuestro
medio el Sector Social. Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) en el año 2025 se registraron en el Régimen Tributario
Especial (RTE) 1037 Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL, entre fundaciones,
corporaciones, asociaciones, cooperativas, precooperativas, ligas,
federaciones, clubes deportivos. No se cuentan en este listado las ESAL que se
pasaron al Régimen Tributario Ordinario RTO donde deben pagar impuestos si
generan excedentes en la operación.
Caben
otras comparaciones, por ejemplo: con el presupuesto general de la nación de
$547 billones aprobado por el Congreso para el año 2026 es menos del 1%; o sea
apenas el 0.73% del mismo. Los 12.000 mil millones de dólares de las remesas
que los colombianos/as envían a sus familias del exterior según el Banco de la
República y como porcentaje del Producto Bruto Interno del país (PIB) de
438.120 mil millones de dólares de acuerdo a datos del Fondo Monetario
Internacional (FMI),
Una
restricción para las ONG y ESAL de Primer Piso obtener recursos para la
operación de sus proyectos y programas son las pocas ONG y ESAL de Segundo Piso
que están dispuestas a aprobar y desembolsar los dineros solicitados. Estas entidades
delimitan, en su mayoría, de acuerdo a su misión institucional y objeto social
estatutario, cuales proyectos a financiar y cuáles no. O sea que solo apoyan
aquellos proyectos y programas de las ONG y ESAL que estén en sintonía y
concordancia en las convocatorias.
En
cuanto a la celebración de convenios de asociación con agencias del Estado éste
impone a las ONG Y ESAL contrapartidas ya sea en especie o dinero para
llevarlos a cabo. En este sentido las ONG y ESAL de Segundo Piso como las
Fundaciones Familiares Y Empresariales tienen más posibilidades y más recursos financieros
disponibles para aportar que las ONG y ESAL de Primer Piso. Es una desventaja
estructural.
Coordinación
con las políticas públicas y programas de las agencias del Estado y los entes
territoriales
Es
bienvenido el llamado que hace la directora de la AFE en cuanto a superar la
tendencia de las ONG y ESAL y a las empresas privadas a obrar e implementar los
proyectos y programas institucionales dejando de lado el establecer uniones,
alianzas con otras organizaciones sociales y en especial con el Estado. Escribe
al respecto: En este escenario, las empresas privadas no solo están llamadas
a sostener su compromiso con el desarrollo sino hacerlo de manera más
articulada, estratégica y, sobre todo, responsable (…) La relación entre lo
público debe evolucionar. No se trata de reemplazar al Estado ni mucho menos de
asumir funciones que le corresponden, sino de construir esquemas de
colaboración más claros y estables. El sector privado puede aportar innovación,
conocimiento y visión de largo plazo; el sector público, orientación
estratégica, capacidad de política pública y estabilidad. Sin embargo, sin
reglas claras, coordinación territorial y. sobre todo, confianza, cualquier
esfuerzo queda incompleto.
Muy de
acuerdo. La coordinación con el Estado depende de su recepción y de la voluntad
política de aceptarla. La verdad sea dicha que bajo el gobierno del presidente
Gustavo Petro Urrego no ha habido un real interés en trabajar con las ONG y las
ESAL del país. En sus discursos y narrativas no las nombra ni las ha tenido muy
en cuenta a la hora de coordinar las políticas públicas, proyectos y programas
con agencias estatales. Ha preferido hacerlo directamente con las comunidades
de base las cuales prestan apoyo político en contraprestación por los dineros
recibidos. Sigue existiendo en el Gobierno Nacional y en sectores de la Opinión
Pública y de la sociedad un entorno no habilitante que impide una mayor
actuación, gestión e impacto social de las ESAL y las ONG. Vale anotar que
existen excepciones al respecto en algunos entes territoriales como
departamentos, distritos, ciudades y municipios que si propician las alianzas y
el trabajo coordinado con ellas.
Otros
dos factores que se agregan un
entorno no habilitante para las ONG y ESAL en cuanto a recursos
financieros son la reducción de los
beneficios tributarios a las empresas y donantes dado en el decreto 2150 de
2017, y la disminución de los aportes de la Cooperación Internacional al
Desarrollo desde las agencias de los países desarrollados como Estados Unidos
con el cierre de USAID y en Europa con el recorte de la ayuda para destinar
esos dineros a incrementar los gastos de defensa ante la guerra en Ucrania y la
amenaza de Rusia.
En
cuanto a las acciones de la AFE deberá ésta convocar y dar mayor participación
a las ONG y ESAL de Primer Piso, afiliadas a la Confederación Colombiana de ONG
y sus federaciones regionales por medio de alianzas con las de mayor
reconocimiento, idoneidad y trayectoria como expertas en distintos temas del
desarrollo y conocimiento de las comunidades urbanas y rurales del país, a la
vez que fortalece, en mayor medida, todo el Sector Social.
Cobertura
nacional de la inversión social privada
Retomando
las palabras de la directora ejecutiva de la AFE: Aunque la inversión social
privada tiene cobertura nacional, su mayor concentración se mantiene en
departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Atlántico
Y Bolívar, mientras que regiones con altos niveles de pobreza multidimensional como
Vichada, Guanía, Guajira, Vaupés y Chocó continúan rezagadas. Estas brechas no
responden solo a la disponibilidad de recursos sino también a limitaciones de
coordinación, capacidad institucional y continuidad en la acción pública, que
siguen restringiendo el impacto de los esfuerzos existentes.
Muy
valedera la crítica y reflexión de la directora a este respecto. Solo mencionar
que aún existen muchas fundaciones familiares y empresariales que bajo el
concepto de Responsabilidad Social Empresarial RSE circunscriben su atención,
recursos, programas y proyectos únicamente a las grupos, familias y comunidades
vecinas a sus fábricas sin extender su compromiso y solidaridad a otras
poblaciones no cercanas y alejadas.
La
medición del impacto social de la inversión privada del Sector Social
Con
relación a este importante asunto escribe la directora de la AFE: Y
finalmente, avanzar hacia la tomade decisiones basada en la evidencia,
profesionalizando aún más el trabajo del sector, midiendo resultados, reconociendo
errores y concentrando esfuerzos en lo que realmente genera impacto.
Medir
el impacto social de los proyectos y programas tanto públicos, como de la
Empresa Privada y el Sector Social, eh ahí el meollo de la cuestión, lo
esencial.
La
medición del impacto social es un proceso analítico y sistemático que
cuantifica y comunica el valor social, ambiental y económico generado por una
organización o proyecto yendo más allá de las métricas financieras. Permite
evaluar cambios reales en la comunidad, mejorar estrategias, captar
financiación, garantizar la transparencia y mejorar la reputación (Google).
El
impacto social de un proyecto o programa puede ser planificado e intencional,
con consecuencias y resultados tanto positivos como negativos, directos o
indirectos, de corto o largo plazo. Un impacto social puede ser negativo en una
comunidad cuando desde un enfoque y metodología asistencial tiene como
resultado incrementar la dependencia hacia la ONG o la ESAL, frenar la
iniciativa, impedir la autonomía y la participación activa, impidiendo el
despliegue en las comunidades de sus fortalezas, sus capacidades y sus oportunidades
reales de cambio y transformación en su nivel y condiciones de vida tanto
personal como colectiva.
Como
bien se deduce de la definición, los impactos sociales en la realización de
programas y proyectos no se limita, únicamente, a recopilar testimonios de los
participantes, a registrar las estadísticas de las actividades realizadas, ni
al, alcance y cobertura geográfica y poblacional alcanzada durante el tiempo de
ejecución de los mismos.
La
medición del impacto social es un campo del conocimiento que requiere de
expertos evaluadores e investigadores, con amplio conocimiento en enfoques,
metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas, en la recolección de datos,
procesamiento, análisis y experiencia acumulada a través de los años.
Para
emprender, con acierto, un estudio, una evaluación de impacto social es
requisito indispensable contar desde un principio con los recursos económicos
suficientes. Se estima que el valor de una evaluación de impacto social, en
promedio, la mitad del costo de ejecución del proyecto o programa. No siempre
se cuenta con recursos propios para contratarlo, ni tampoco es fácil encontrar
quien esté dispuesto a financiarlo.
Un
estudio de impacto social requiere construir una Línea de Base, Ex Ante, con
las categorías e indicadores más relevantes a medir y contrastar no solo
durante su ejecución sino un tiempo después de su finalización o sea ExPost. El
verdadero impacto social de un proyecto o programa reside en demostrar, con
evidencias, que estos si lograron trasformar, cambiar las condiciones de vida
de las personas, grupos, familias y comunidades tal como se esperaba en la formulación
de los objetivos iniciales a lograr. El verdadero impacto social es aquel que
permanece en el tiempo, es decir que no desaparece, ni se diluye con los años.
A
continuación, dos ejemplos ilustrativos de dos mediciones del impacto social:
Los programas
de inversión en la Primera Infancia presentado por el profesor estadounidense
James Heckman:
La
evidencia muestra que la forma más costo-eficiente de proveer igualdad de
oportunidades, mayor desempeño y mayor éxito económicos complementando el entorno
familiar de los niños en situación de vulnerabilidad con educación. Los
beneficios obtenidos en la Primera Infancia se deben reforzar con una educación
secundaria y superior de calidad que continue el desarrollo de destrezas
cognitivas y el carácter.
La
preocupación por el costo de la educación en la Primera Infancia es
justificable, pero desaparece rápidamente cuando se compara con los retornos. Programas
como el Perry Preschool cuestan entre US$ 7.000 y US$ 8.000 al año por niño.
Este monto es muy parecido al gastado por niño en la educación secundaria
pública. La tasa de retorno de la inversión en educación de calidad para la
Primera Infancia es del 7-10% al año. Esta tasa de retorno es exponencial y
sumamente valiosa; cada dólar invertido en educación para la Primera Infancia
rinde diez centavos al año durante cada año de vida del niño. (…) Una inversión
en los primeros años de vida nos permite forjar el futuro y construir capital;
invertir más tarde nos condena a corregir las oportunidades perdidas del
pasado, lo cual lo pagaremos muy caro. (Reflexiones sobre la
importancia de invertir en la Primera Infancia. Documentos escritos por el
profesor James Heckman. www.heckmanequation,org).
Otra
medición de impacto social y económico comprobada es la de la Encuesta Nacional
del Uso del Tiempo (ENUT) que realiza el DANE donde mide la manera como las
personas distribuyen su tiempo diario en actividades remuneradas y no
remuneradas como las tareas del Cuidado y los quehaceres domésticos. La
encuesta ha estimado que el impacto, el aporte del trabajo no remunerado de las
mujeres, en la llamada Economía del Cuidado, es cercana al 20% del PIB del
país, es decir 80 mil millones de dólares. Una cifra enorme. Ese sería el
dinero que habría que remunerar a las mujeres que dedican a esas labores, en
promedio, 7 horas y 35 minutos diarios. (https://dane.gov.co)
Otros
medios y metodologías, menos costosos, a la que pueden acudir las ONG y las
ESAL en la evaluación del impacto social son la sistematización de experiencias
como método de interpretación crítica que reconstruye y ordena los procesos
vividos para allegar conocimiento, comprender su lógica interna y los distintos
factores intervinientes. Implica la participación activa de las personas y
grupos involucrados.
Los
estudios de efectos tempranos son otra forma de detectar impactos iniciales al
momento de terminar la ejecución del proyecto o programa sobre la población
intervenida. Se realiza mediante la aplicación de cuestionarios, grupos focales
y testimonios. La limitación es que no puede determinar si los cambios hallados
van o no permanecer en el tiempo.
La
implementación de estos estudios de impacto social por parte de las ONG y las
ESAL implica crear un área de gestión del conocimiento dentro de la
organización responsable de asumir dicha tarea en los proyectos y programas
elegidos para dichos estudios. Otra manera es contratarlo con firmas y expertos
externos. A este respecto es importante que las ONG y las ESAL que publiquen,
divulguen y socialicen los resultados tanto con la comunidad científica como
ante los medios de comunicación y redes sociales y foros y no limitarse solo a
informar a las juntas directivas y asambleístas de la organización.
En el
citado estudio del Sector Social en Colombia se afirma que el 33% de las
organizacio9nes y fundaciones empresariales declara no haber realizado
ejercicios de medición de impacto en sus proyectos y programas. Las razones más
frecuentes son la falta de conocimientos, con
el 32%, de recursos técnicos o económicos, 19%, especialmente en organizaciones
sociales y comunitarias, evidenciando debilidades en el seguimiento, monitoreo
o evaluación de sus intervenciones.
El
estudio menciona, además, diferencias notables entre fundaciones familiares y
empresariales con otras ONG de Primer Piso, de base y comunitarias en loa
medición del impacto social en cuanto a capacidad técnica e indicadores
definidos y formulados. Recomienda a las organizaciones la formación de
indicadores significativos, medibles y contextualizados y contar con una caja
de herramientas que incluya ejemplos y formatos adaptables que vincule la
medición con la misión institucional. Concluye que la medición del impacto suele
responder más a exigencias externas que a una cultura organizacional de
aprendizaje. El 23% de las Fundaciones Empresariales, de la muestra, no cuenta
con indicadores en sus proyectos y por lo tanto no le es posible medir su
impacto social. Y solo el 7%, una cifra muy baja, identifica la medición
como una causa principal de sus problemáticas. Sin embargo, su baja
priorización afecta la capacidad de demostrar resultados y limita el acceso a
nuevas fuentes de financiamiento o alianzas estratégicas. En consecuencia,
la medición del impacto social de los proyectos y programas es un punto débil
en las organizaciones de la muestra.
Como
hallazgo importante del estudio se identifica que el 69% de las
organizaciones encuestadas identifican la falta de financiamiento como la
principal problemática que limita la operación, el crecimiento y proyección a
largo plazo y está directamente vinculada a la dependencia de recursos
internos, la baja inversión pública y la falta de estrategias de generación de
ingresos propios. (…) El panorama del Sector Social en Colombia muestra
una alta vulnerabilidad de las organizaciones, donde dos de cada tres que aún
dependen de donaciones. Solo un 42% recibe ingresos en forma constante y un 35%
podría operar un máximo de un mes si se interrumpen sus recursos actuales. Es
de anotar que las Fundaciones Familiares y Empresariales disponen de mayor
fuente recursos disponibles en sus presupuestos que las ONG y las ESAL de
Primer Piso, así como las organizaciones de base y comunitarias.
Ante
la escasez de recursos de las agencias oficiales de cooperación al desarrollo
las ONG de los países del Tercer Mundo ven en la Filantropía Consciente de ONG
del Primer Mundo una fuente, una oportunidad de financiación de sus proyectos y
programas. Apoyo que está siendo determinado por la demanda de exigir
resultados verificables y confiables para su aprobación. Exigencia que implica
una mayor competencia entre las entidades y un mayor esfuerzo institucional
para conseguir dichos recursos, en especial a las ONG y ESAL de menor tamaño y
relaciones.
Los
Bonos de Impacto Social (BIS) son otra iniciativa para obtener financiación de
inversores privados en proyectos y programas sociales de las ONG y ESAL donde
el Estado, el gobierno solo paga si se cumplen, a cabalidad, los objetivos y
metas. Los inversionistas aportan el capital inicial asumiendo el riesgo de no
retorno si estos no se cumplen. El modelo de los BIS pretende mejorar la
efectividad del gasto público, la innovación social y la resolución de
problemas en las comunidades. (Google).
No deja
de ser un asunto inquietante de cómo puede hacerse, con validez y verificación,
la medición del impacto social de la inversión privada en un país como Colombia
con una población, urbana y rural, vulnerable en zonas de conflicto, con
actores armados que se disputan, con violencia, territorios, acceso y control
de rentas ilegales mediante el desplazamiento forzado, amenazas, extorsiones, desapariciones.
Secuestros, confinamientos, despojo de tierras, reclutamiento de menores,
asesinatos y víctimas.
La
mayoría de las ONG y ESAL del país tienen una cobertura geográfica y
poblacional limitada a lo local o regional. Muy pocas tienen una cobertura
nacional. De ahí que el monitoreo, seguimiento y medición del impacto social de
los programas y proyectos cuando estos se realizan están circunscritos a un
territorio y población determinada.
Mientras la Cooperación Nacional Internacional presiona y demanda a las organizaciones del Sector Social por la realización y medición del impacto social de sus programas y proyectos poco se dice y reclama de la de medición, seguimiento y monitoreo de los mismos por parte del Gobierno Nacional, sus agencias y entes territoriales al respecto, donde los escáandalos públicos en los medios de comunicación y redessociales, la corrupción, la contratación irregular de obras civiles que quedan como elefantes blancos inconclusas, la mala formulación y terminación de programas y proyectos incluidos en los planes de desarrollo, las coimas y sobornos de los contratistas en la adjudicación de millonarios contratos por parte de los funcionarios públicos están a la orden del día. Bastante trabajo tienen, en este sentido,. las procuradurías, las contralorías y las veedurías ciudadanas.
Resumiendo.
Las condiciones de existencia y sostenibilidad de las ONG y las ESAL del Sector
Social se ven enfrentadas tanto en el presente como hacia el futuro a nuevos
retos y desafíos que ponen en entre dicho sus reales capacidades para
afrontarlos, al tiempo que deben mantener la reputación institucional, la
confianza pública, el reconocimiento, la transparencia, la efectividad y la eficiencia
ante los otros actores políticos, sociales y económicos tanto a nivel nacional
como internacional. De no hacerlo se debilitarán y deteriorarán aún más, su
imagen, prestigio y credibilidad.
En ONG y ESAL con problemas de
carencia de recursos estables, de planeación estratégica, de poca planta de
personal, de débil relacionamiento y articulación con otras organizaciones y
actores, de proyectos y programas con débil capacidad de gestión, formulación y estructuración, de gobernabilidad,
limitaciones en adopción de tecnologías, no cumplimiento de objetivos, del
presupuesto de ingresos y egresos, ausencia de estandarización de procesos
internos, baja comunicación interna y externa, pocas oportunidades de
capacitación del equipo de trabajo, es comprensible que el seguimiento,
monitoreo, evaluación e impacto social
de los proyectos y programas no sea asumido como una prioridad misional e
institucional, ante el cúmulo de problemas por resolver en el día a día.
Por
último. Carecemos pues, en Colombia, de información confiable, cierta, global y
consistente acerca de la medición tanto de la cuantía del impacto social de la
Empresa Privada y las ONG y ESAL del Sector Social en la ejecución de sus
proyectos y programas, como de las verdaderas transformaciones y cambios
positivos en el bienestar económico y social de la ciudadanía y de las
poblaciones más vulnerables. En este sentido queda mucho trabajo y gestión por
hacer.
