La
crisis económica y el entorno no habilitante de las ONG en Colombia
Luis
Julián Salas Rodas
Sociólogo
Universidad
Pontificia Bolivariana
Especialista
y Magíster en Ciencias Sociales: Gerencia del Desarrollo Social
Universidad
de Antioquia
Magíster
en Ciencias de la Educación: 0pción Desarrollo Social
Universidad
París XII
Exdirector
ejecutivo de la Fundación Bien Humano
Expresidente
del Consejo Directivo de la Federación Antioqueña de ONG
@LuisJulianSalas
Blogs
en Google: Familia y Otros; Juntas Directivas ONG; ONG y Gerencia Social
Medellín
- Colombia
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La crisis económica y el
entorno no habilitante de las ONG en Colombia no es una situación solo del
presente, viene gestándose desde hace varios años por diversas situaciones y
circunstancias. No afecta por igual a todas las ONG. Afecta más a las ONG de
Primer Piso que carecen de un patrimonio y de ingresos no operacionales. Afecta
menos a las ONG de Segundo Piso que disponen de un importante patrimonio que
les genera ingresos considerables por sus inversiones. A mitad de camino están
las ONG Mixtas que cuentan tanto con ingresos operacionales como no
operacionales.
En Colombia las ONG son
reconocidas por la ley y el Estado Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL bajo la
figura de fundaciones, corporaciones y asociaciones. La creación de una
fundación implica destinar y acreditar un patrimonio para el cumplimiento tanto
del objeto social como el de la misión institucional. En las corporaciones y
asociaciones la ley no estipula declarar y constituir un patrimonio. Aquí
reside una debilidad estructural de las corporaciones que inician actividades
sin aportar un capital inicial para funcionar esperando que los dineros lleguen
con los primeros contratos y si estos se firman su ejecución no deja margen
para apropiar un excedente para conformar un patrimonio. Esta debilidad
estructural adquiere la característica de permanente impidiendo a la ONG crecer
y fortalecerse en el tiempo. Operan en la incertidumbre del da al día, del mes
al mes. Particular precariedad tienen las organizaciones comunitarias y de base
cuyo trabajo reside en un 100% en el trabajo de sus voluntarios/as. En cambio, las asociaciones tienen, por lo
menos, asegurado ingresos por cuotas ordinarias y extraordinarias de
sostenimiento de sus asociados.
En el país las ONG y las ESAL
son objeto de inspección, vigilancia, control y sanción por parte de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en la parte fiscal y
tributaria y en la parte jurídica por las gobernaciones y el Distrito Especial
de Bogotá. La mayoría de ellas están registradas en las Cámaras de Comercio de
su domicilio.
Antes de la ley 1819 de 2016
que modificó de fondo el Régimen Tributario Especial RTE para las ESAL habían
alrededor de 74.000 inscritas en la DIAN. Esta ley hizo obligatoria la
actualización anual en el registro web de la DIAN antes del 30 de junio de cada
año, so pena de ser trasladadas al Régimen Tributario Ordinario RTU y no
reconocerles la exención del 20% del excedente neto. Según la DIAN cada año
entre 18.000 y 20.000 ESAL cumplen con los requisitos obligatorios formales,
legales y administrativos de actualización en el registro web. Muchas fundaciones empresariales y familiares
se trasladaron, voluntariamente, al Régimen Único Tributario RUT para obviar
los requisitos de actualización así tuviesen que pagar el 20% de sus
excedentes. El pasar de 74.000 organizaciones a 20.000 evidencia que hubo un
proceso de depuración de ESAL y ONG que o estaban inactivas, que no cumplían
con su objeto social y misión institucional o hacían un uso ilegal, en
beneficio propio o de terceros. En este sentido se da fe que aquellas
organizaciones que cumplen con la DIAN son las que contribuyen al desarrollo y
el bienestar de las comunidades urbanas y rurales del país.
La crisis económica se
evidencia en la disminución contratos y de ingresos de las organizaciones,
tanto públicas como privadas, que financiaban los proyectos y programas
presentados por las ONG de Primer Piso y ONG mixtas. Las agencias del Estado y
los entes territoriales, nación, departamentos, distritos y municipios han
preferido realizar entre ellas convenios interadministrativos que acudir a la
ley 80 de 1993 de contratación con entidades privadas, entre ellas las ONG.
Prefieren la realización de convenios de asociación con las ONG y Entidades Sin
Ánimo de Lucro. La oferta que estas entidades hacen a las ONG es la de
suscribir convenios de asociación que implican a estas aportar dineros propios
para financiar el proyecto o programa renunciando a cualquier excedente. Estos
convenios resultan lesivos para las ONG del Primer Piso o Mixtas y solo se
interesan las ONG de Segundo Piso.
En el pasado era usual que las
empresas del sector privado dieran con regularidad donaciones a las ONG para su
sostenimiento y operación. Estas donaciones tenían el aliciente de un descuento
tributario, descuento que fue reducido por la ley 1819 de 2016. Las empresas y
los grupos económicos empresariales, bajo el concepto de responsabilidad social
empresarial y de reputación institucional, decidieron que era mejor pasar de
las donaciones directas a la creación de sus propias fundaciones empresariales
para ejecutar proyectos y programas sociales acordes con los intereses y visión
empresarial. Estas fundaciones no tienen problemas económicos como las ONG de
Primer Piso puesto que son financiadas por sus empresas o grupos económicos con
aportes de capital o la creación y fortalecimiento de patrimonios autónomos.
Cuentan, además, con una planta de profesionales bien remunerados y de tiempo
completo. Hacen estudios de impacto y evaluación institucional y de sus
programas. La Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares AFE es el
gremio que las reúne y convoca. Son 85 ONG con acciones en 32 departamentos.
Una crítica a ellas es que deberían formar mas alianzas con las ONG de Primer
Piso y Mixtas que están y conocen la problemática de las comunidades en sus
territorios.
Sin embargo, aún existen ONG
de Segundo Piso que no dependen de empresas o grupos económicos empresariales
que aportan, vía proyectos, a ONG de Primer Piso como la Fundación Fraternidad
Medellín, la Fundación Sofía Pérez de Soto o Rodrigo Arroyave. El asunto es que
son más las ONG que solicitan donaciones que ONG de Segundo Piso que las
aprueban o conceden. Generalmente aceptan solicitudes de ONG que están
alineadas con sus propias las líneas y focos de interés. No todas las ONG de
Primer Piso son aceptadas y de serlo son por montos no muy cuantiosos, sin
ningún compromiso de continuidad.
Otra fuente importante fuente
de financiación a las ONG de Primer Piso y Mixtas, en el pasado eran las
agencias de Cooperación Internacional al Desarrollo CID de los países del
primer mundo. Al ser Colombia catalogada como un país de renta media la CID fue
reduciendo la ayuda, enfocándose a la ayuda humanitaria ante catástrofes
naturales y a los programas de reinserción de los excombatientes del conflicto
armado. Esta situación se vio agravada por la cancelación de las ayudas de
USAID la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
y su desmantelamiento, que contaba con un presupuesto anual de aproximadamente
42.800 millones de dólares. por el gobierno del presidente Donald Trump. En el
2024 el presupuesto destinado a Colombia fue de 401 millones de dólares. El
cierre intempestivo de USAID obligó a la suspensión definitiva de proyectos y
programas y al cierre de ONG de Primer Piso no solo en Colombia sino, también,
en otros países de la región y el mundo.
Dicha decisión fue seguida por gobiernos europeos que redujeron el
porcentaje de ayuda al extranjero para destinarlo al aumento de los gastos de
defensa por la guerra de Ucrania.
Es cierto que las fundaciones
filantrópicas de Estado Unidos, financiadas por personajes multimillonarios
tienen un gran patrimonio para donar a ONG que tienen como foco aportar a la
solución de problemas globales como el cambio climático y epidemias de salud en
países pobres o en guerra. No resulta fácil para las ONG de Primer Piso
colombianas acceder a dichos recursos por falta de relacionamiento y contactos
personales con los directivos de esas fundaciones.
A la crisis económica de las
ONG se suma la persistencia de un entorno no habilitante caracterizado por un
deterioro de la imagen, de la reputación ante la opinión pública, los donantes
y la falta de interés y apoyo del Estado colombiano a sus responsabilidades
constitucionales que lo obligan a reconocer y fortalecer a las ONG y ESAL del
sector social. La verdad es que no estamos en la situación extrema de las ONG
de Nicaragua donde la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha
cerrado y confiscado los bienes de 5.700 entidades eliminando, en la práctica, el
sector social en ese país. El problema en nuestro país no son el
establecimiento de impedimentos para crear ONG, los trámites son sencillos, no
así para liquidarlas.
¿Cómo afrontan las ONG de Primer Piso la crisis económica que afecta su crecimiento y sostenibilidad en el tiempo? Lo primero, reduciendo costos fijos y variables al máximo como el del personal y sus salarios. Contratar solo y por el tiempo de duración de los proyectos. Tocando todas las fuentes posibles de financiación en el país y el extranjero. Reforzando el sentido de pertenencia y solidaridad del director/a ejecutivo/a, del presidente/a de la junta directiva/a y de sus empleados más antiguos. Insistiendo a sus socios/as y miembros de la junta directiva a poner todo su capital relacional y contactos a la búsqueda de financiación. Un riesgo que aflora en estas ocasiones por el desespero de la falta de ingresos es dejar de lado la misión institucional y tratar de ejecutar proyectos y programas sin la idoneidad y experiencia requerida solo porque hay dinero disponible de contratantes para su ejecución. Al hacer esto, la ONG pierde identidad y credibilidad en el medio.
Mientras
en el sector empresarial se dan las fusiones y absorciones como una salida a
crisis económica en el sector social no se presentan y se hace viable dicha
alternativa. Se aferran a sus valores y principios fundacionales Cada ONG lucha sola por sobrevivir y cuando deja de hacerlo…muere
sola. La desaparición de una ONG no es únicamente la perdida para la sociedad,
de su sector social, de un capital institucional. Es la pérdida para las
personas, las familias, las comunidades más vulnerables de organizaciones que
las han acompañado y fortalecido con gestión, bienes, proyectos y programas de
desarrollo y beneficio social por muchos años. No siempre aparece el Estado u
otras organizaciones de la social civil para responsabilizarse y llenar el
vacío dejado. Pierde, también, la democracia y el Estado Social de Derecho que
ven debilitados a las ONG de Primer Piso como un importante actor social con
incidencia política.
La coyuntura política y
económica para superar la crisis no se ve despejada ni en el corto ni en el
mediano plazo, ni en la configuración de un entorno más habilitante, menos hostil. Como se afirma que las crisis no solo pueden llevar al fin sino
convertirse en una oportunidad de solución deben estar dispuestas las
organizaciones a hacer una rigurosa evaluación y rendición pública de cuentas, a un examen exhaustivo de conciencia de los
errores y falencias acumuladas durante
años, para iniciar la senda del cambio tanto personal como organizacional que los lleve a una nueva narrativa, a propuestas
innovadoras, creativas, a un mejor nivel
de existencia, de recuperación de reputación y confianza con otros actores
sociales y políticos tanto locales como internacionales. La Confederación
Colombiana de ONG y las federaciones regionales, como entidades gremiales de
las ONG, deben redoblar sus esfuerzos de lobby y presión ante el Estado y las
entidades territoriales para lograr que cumplan con el mandato constitucional
de apoyo y fortalecimiento tanto institucional como económico a las ONG y al
sector social.
Una pregunta final: ¿Realmente
le importan al Estado y a la sociedad colombiana la existencia y aportes de las
ONG de Primer Piso al desarrollo y bienestar social del país?
